Absueltos cinco técnicos acusados de prevaricación y delitos contra el medio ambiente

Asociación Ecologista Centaurea

Es una sentencia muy peligrosa que alienta la impunidad.

«Si los técnicos pueden informar lo que quieran sin responsabilidad alguna porque los que deciden son los políticos y los políticos eluden su responsabilidad porque de materias técnicas no entienden y se limitan a seguir lo que proponen los informes de los técnicos, el panorama resulta desolador».

La justicia no halla culpables de dañar el pinar protegido en Navas del Marqués

Absueltos cinco técnicos acusados de prevaricación y delitos contra el medio ambiente por el intento de construir una urbanización en una zona natural de Ávila

Pinar de las Navas del Marqués (Ávila) tras la tala por orden del constructor F. Gómez. / JUAN M. HERNÁNDEZ

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Los jueces no encuentran culpables al intento de construir 1.500 viviendas, una zona hotelera y varios campos de golf en un pinar protegido en las Navas del Marqués (Ávila) y los daños que ocasionó hasta que este gran proyecto fue paralizado hace ocho años. En junio de 2012 fueron absueltos el alcalde, Gerardo Pérez (PP) y el promotor de la urbanización La ciudad del Golf, Francisco Gómez. Hoy, el juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid ha exonerado también a cinco técnicos y altos cargos de la Junta de Castilla y León que estaban acusados de prevaricación administrativa y delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente.

El fallo, contra el que cabe recurso en 10 días, concluye que ninguno de los informes que emitieron se considera resolución administrativa por lo que no fueron determinantes para conceder licencia alguna. Tanto la fiscalía como los abogados de la acusación particular, ejercida por Ecologistas en Acción y Centaurea, reclamaban ocho años de inhabilitación para ellos.

Los funcionarios absueltos son Mariano Torre Antón, José Ignacio Molina, Juan Manuel Pardo Ontoria, Sabas Yagüe Bosch y José Ángel Arranz, actual director de Medio Natural en la Junta de Castilla y León. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván se ha mostrado satisfecho por la resolución. “Siempre he confiado en el rigor y el buen hacer de los trabajadores públicos en general y de mi gente en particular”, ha declarado tras conocer la sentencia, notificada hoy.

La satisfacción de la Administración se torna preocupación si se pregunta a los colectivos ecologistas que lograron frenar el macroproyecto. “Nos parece preocupante que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León libre a responsables políticos, como a la exconsejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, diciendo que sólo firmaba informes de los técnicos y cuando los técnicos se sientan en el banquillo, el juzgado de Valladolid alegue que no firmaron las autorizaciones para exonerarles. Uno por otro, al final nadie es responsable de nada”, incide Carlos Bravo, portavoz de Centaurea.

Tanto Centaurea como Ecologistas en Acción todavía tienen que estudiar si recurrirán la decisión judicial. Aunque en su ánimo está hacerlo, lo supeditan a motivos económicos, derivados del incremento de las tasas judiciales aprobado por el Gobierno del PP.

La decisión judicial ha tenido en cuenta el impacto de este proyecto sobre el área de protección de la cigüeña negra. Los abogados de los acusados insistían en que el proyecto no afecta a áreas de nidificación, ni de alimentación, consideradas áreas críticas para la conservación de esta especie. Durante el juicio, sus peritos aseguraron que se podía afectar este tipo de zonas, protegidas a nivel europeo y autonómico, “siempre que el impacto sea moderado” y se adopten medidas correctoras y compensatorias.

“Pretendían construir en una zona que estaba dentro del Plan de Recuperación de la cigüeña negra y los propios técnicos de la región se saltaron su propia normativa, que decía que no se pueden desclasificar estas zonas así como así. Proponían pasar 11,6 hectáreas del área crítica a otro lado, como si las cigüeñas pudieran leer el BOE”, relata Bravo, de Centaurea.

La historia arrancó en 2001 cuando el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués compró 7.700 hectáreas de pinares (casi todo el término municipal) a la Unión Resinera. Como alegó no tener los 8,8 millones que costaba la operación, se comprometió con la empresa Residencial Aguas Nuevas a recalificar unas 200 hectáreas de pinar para levantar allí viviendas a cambio de 10 millones.

La urbanización fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2006, que dio la razón a un vecino cuya parcela de monte no fue recalificada.

La vía penal se dividió en cuatro piezas. Dos han sido archivadas. La Audiencia Provincial de Ávila exoneró al alcalde, al secretario municipal y al promotor en verano de 2012 y la causa contra los cargos de la Junta de Castilla y León, pendiente de recurso, va en el mismo sentido.

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