Llevan la Generalidad en Ginebra para ocultar información sobre la incineración en Uniland.

Pancartas en el ayuntamiento de los Monjes contra la incineración en Uniland durante la Marcha por los Derechos Sociales y demanda que ha presentado el Fondo de Defensa Ambiental

SANTA MARGARITA Y LOS MONJES | REDACCIÓN.

Han llevado a la Generalitat de Cataluña ante un organismo de las Naciones Unidas en Ginebra que “ocultó información” en el trámite de información pública del cambio de actividad de la cementera Uniland, en Santa Margarida i els Monjos. Es decir, en el proceso para permitir a Uniland incinerar residuos para generar energía a la hora de hacer cemento, en el momento de dar el paso obligatorio de informar públicamente del cambio de actividad de la cementera, no dijeron que pasaría a quemar residuts, y esto vulnera tanto la legislación española como un convenio internacional que ha firmado el Estado español.Así que el Fondo de Defensa Ambiental, con el apoyo de los opositores a la quema de residuos en Uniland, llevó esta vulneración el pasado 21 de enero en el organismo de la ONU.

Alex Peñalver, uno de los abogados que ha llevado la demanda en Ginebra (también han participado otros profesores y alumnos de la facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona) en nombre de la asociación Fondo de Defensa Ambiental, explica que la resolución puede tardar un año, pero que sentencias anteriores les hacen pensar que el organismo internacional les dará la razón.

Sobre las consecuencias que puede tener una resolución negativa hacia la actuación de la Generalitat, reconoce que “no tiene una eficacia de condena, sino que es meramente declarativa”. Pero considera que es importante que no se vuelvan a repetir situaciones similares: “Si el Estado o la Generalitat incumpliendo y recibiendo resoluciones de incumplimientos, al final el organismo Interncional puede adoptar medidas de suspensión del convenio. Y el gobierno sabe que no da buena imagen una resolución de la ONU diciendo que están incumpliendo normativa internacional de participación pública en temas de medio ambiente “.

Esconden la incineración de residuos en el trámite de información pública

Cuando Uniland decidió incinerar residuos con el objetivo de reducir un tercio el combustible que usaba para fabricar cemento, tuvo que pedir a la Generalitat permiso para hacerlo, ya que suponía un cambio sustancial de la actividad, y había que volver pedir autorización por los posibles cambios que pudiera entrañar para la salud y el medio ambiente. Era el año 2009. Alex Peñalver concreta que Uniland siguió todos los pasos que marca la ley: pedir permiso para utitlizar residuos y incinerarlos, presentar un estudio de impacto ambiental y la tramitación de modificación sustancial de toda la actividad. La Generalitat le fue aceptando todos los pasos.

Pero en 2010, en el trámite obligatorio de información pública, donde se especifica cuál será la nueva actividad de Uniland, únicamente dice que producirá cemento. Es decir, en palabras de Peñalver, “se esconde la verdadera actividad por la que se ha pedido autorización: incinerar residuos”. El abogado aclara: “No sabemos si la ocultación de información es querida o no, pero en el contexto de hace años de crítica por el hecho de que Uniland quiera incinerar residuos, duele pensar que lo que han querido es esconderlo” . Pero remarca: “Es curioso que todos los informes y solicitud sea incinerar, pero a la información pública diga sólo hacer cemento”.

Esta ocultación vulnera la normativa española y europea de participación pública: “Es un trámite obligatorio, y hay sentencias que lo consideran tan grave que es una causa de nulidad”. Cuando se dieron cuenta ya había expirado el plazo para recurrir la autorización, pero como se considera una vulneración muy grave, permiten que se puedan presentar la solicitud de nulidad en cualquier momento. Así que presentaron al Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generaliat a través del colectivo Bosque Verde y de un grupo de vecinos, pero la Generalitat rechazarlo en ambos casos argumentando que había falta de legitimación para pedirlo y por falta manifiesta de fundamento.

Alex Peñalver considera que con la denegación la Generalidad intentaba evitar que se hiciera una revisión porque entonces el consejero quedaba en una situación difícil. Pusieron un recurso administrativo ante el consejero para que lo reconsiderara, y volvieron a recibir una respuesta negativa. Y entonces fueron al Síndic de Greuges, que, tímidamente, reconoció que no se había hecho bastante bien el anuncio y recomendaba al Departamento que dijera claramente lo que quería incinerar residuos, pero no obligaba a nada.

Vulneración del Convenio Aarhus

Con todas las vías agotadas, van dedicir recurrir a un tratado internacional: el convenio sobre acceso a la información, participación y acceso a la justicia, que data del año 1988, que España ha firmado y que es conocido como Aarhus. Este convenio establece que cuando se quiere autorizar una actividad como la quema de residuos, hay que comunicarlo al público. Así que desde el Fondo de Defensa Ambiental entienden que la Generalitat ha vulnerado este convenio internacional y el martes 21 de enero presentaron un escrito al Comité de Cumplimiento del Convenio Aarhus, en Ginebra.

Ahora toca esperar la resolución del organismo internacional, que se puede alargar un año.

http://xarxapenedes.cat/porten-la-generalitat-a-ginebra-per-amagar-informacio-sobre-la-incineracio-a-uniland/

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