Gipuzkoa se ahorrará 250 millones de euros por no construir la planta incineradora

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Gipuzkoa tendrá que seguir pagando los SWAP, productos especulativos contratados por los anteriores gestores de GHK, pero aún así se ahorrará un dineral al evitar la construcción de la planta incineradora y dotarse de infraestructuras acordes con el reciclaje.

 Hemos tenido que esperar casi un año para conocer la sentencia del juicio contra los SWAP que llevó al banquillo a La Caixa y Banco Santander por hacer un uso abusivo de los contratos de cobertura o swap, y esta ha sido, finalmente, favorable a la banca.

Esto supone que Gipuzkoa tendrá que seguir pagando las cuotas SWAP como hasta ahora, como si estuviera haciendo uso material de los créditos que se solicitaron para construir la planta incineradora, cuando no es así. De haberse construido la planta incineradora estas cuotas se deberían abonar del mismo modo, por lo tanto la sentencia no conlleva un pago no previsto con anterioridad.

La planta incineradora tenía un presupuesto total de 500 millones de euros (costes de financiación incluidos) y de haberse ejecutado el proyecto, además de las cuotas SWAP, habría que hacer frente a la amortización de los créditos, lo que hubiese supuesto un verdadero cataclismo financiero, ya que para responder a semejante gasto, la tarifa que los municipios pagan por el tratamiento de sus residuos se vería seriamente incrementada, lo que sería inviable para la mayoría de ellos.

Por otra parte, las nuevas infraestructuras proyectadas por la Diputación Foral y el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa suponen una respuesta integral al tratamiento de los residuos y cierran el ciclo de una manera sostenible, medioambiental y económicamente, ya que el coste total de estas infraestructuras es exactamente la mitad que el de la planta incineradora, es decir, 250 millones de euros, y ello aún tomando en consideración las perdidas provocadas por los productos especulativos SWAP subscritos en la anterior legislatura. Por lo que cabe concluir que Gipuzkoa se ahorrará 250 millones de euros por evitar la construcción de la planta incineradora y dotarse de infraestructuras acordes con el reciclaje.

En sus comparecencias ante la comisión para analizar las soluciones técnicas de GHK que los partidos de la oposición crearon en las Juntas Generales, tanto Carlos Ormazabal (PNV) como Denis Itxaso (PSE), anteriores presidente y vicepresidente de GHK respectivamente, admitieron que la incineradora estaba sobredimensionada. Es decir, de haberse construido la planta desde el primer momento tendría una carencia de residuos para quemar, por lo que cabría aplicar la cláusula impuesta por la banca: 1) Importar basura de otros lugares para incinerarla aquí, o 2) incrementar la tarifa todo lo necesario hasta asegurar su viabilidad. Cláusula que estaría en vigor los primeros 20 años desde su puesta en marcha, hasta completar la amortización.

Un redimensionamiento de la planta resultaba imposible, ya que por ley no cabía modificar el proyecto más de un 10%, pero con los niveles de rechazo que genera Gipuzkoa, esta modificación debería superar el 35%, porcentaje muy alejado de lo que permite la ley. Por lo tanto, paralizar la planta incineradora fue una decisión acertada, tanto desde el punto de vista medioambiental como del económico.

La sentencia desfavorable del caso de los SWAP, por otra parte, deja en evidencia lamala gestión de la anterior directiva de GHK, quienes a las puertas de un cambio de gobierno en las instituciones de Gipuzkoa, actuaron de forma precipitada e irresponsable con el dinero público, con el fin de imponer la incineradora a una sociedad que en innumerables ocasiones se había manifestado en contra.

Cronología:

27 de noviembre de 2008: Inicio de los procedimientos y estudios para la obtención de la financiación para la construcción del CGRG. Como consecuencia de estos estudios se establece un presupuesto de 385 millones de euros. Los gastos financieros ascenderían a 115 millones de euros.

18 de enero de 2009: el Banco Europeo de Inversiones muestra su disposición a financiar el proyecto pero alerta al Consorcio de Residuos de Gipuzkoa del riesgo “político” de la operación financiera.

1 de abril de 2009: Firma del contrato con la firma Price-waterhouse-Coopers (PwC) para el asesoramiento jurídico y económico del CGRG.

3 de agosto de 2010: Carlos Ormazabal suscribe la carta mandato con La Caixa y Banesto para la obtención de la línea de crédito. Estas dos entidades aportarían 68 millones de euros, a los que habría que sumar los 195 millones del Banco Europeo de Inversiones y los 122 millones de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

24 de enero de 2011: La Caixa realiza el Test de Conveniencia al entonces presidente GHK Carlos Ormazabal, para evaluar si el producto SWAP se adaptaba a las necesidades del cliente. En su informe La Caixa determina que “el producto no es adecuado para Vd. por no poseer los conocimientos y la experiencia necesarios para comprender y valorar los riesgos que implica el producto y sus consecuencias”, y lo clasifica como “minorista”. La normativa MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) al referirse a este producto financiero, dice expresamente que “si el resultado del Test de Conveniencia fuera negativo, no se le podrá recomendar al cliente”.

3 de febrero de 2011: Aprobación de todos los contratos de financiación del CGRG excepto de los contratos de los SWAP, que no pasaron por el Consejo de Administración de GHK

9 de febrero de 2011: La Caixa procede a la reclasificación de Carlos Ormazabal de “minorista” a “profesional”, mediante la firma de la “Solicitud de cambio general de categoría MiFID” por parte de Carlos Ormazabal.

11 de febrero de 2011: Firma del contrato de permuta financiera o SWAP con Banesto y La Caixa, por parte del entonces presidente de GHK Carlos Ormazabal.

22 de mayo de 2011: Elecciones a las Juntas Generales del País Vasco, en el que se produce el cambio de gobierno en la Diputación Foral de Gipuzkoa.

30 de junio de 2011: Inicio de la liquidación de las primas de los SWAP por parte de Banesto y La Caixa a GHK. Desde ese día se han contabilizado primas por un valor de 14 millones de euros.

13 de octubre de 2011: En el último Consejo de Administración de Carlos Ormazabal se aprueba el Proyecto Básico Definitivo de la construcción de la incineradora, a 7 días del cambio de dirección en GHK. De no haberse dado este paso, la resolución del contrato de la construcción de la incineradora podría haberse resuelto sin ningún tipo de indemnización. Además, hubiese facilitado enormemente, y a un coste infinitamente menor, la resolución de los contratos de cobertura o SWAP. Fue una decisión tomada en contra de la orden expresa de ya diputado de medio ambiente Juan Carlos Alduntzin.

Septiembre de 2012: Solicitud por parte de los actuales gestores de GHK a la banca comercial de ajustar las liquidaciones de las primas de los SWAP a la parte de la línea de crédito dispuesta y no amortizada (9,7 M).

29 de noviembre de 2012: GHK notifica a Banesto y La Caixa que no tienen autoridad para seguir cobrando las primas de los SWAP sobre un crédito que no se está utilizando. A pesar de ello, las entidades bancarias hacen caso omiso y siguen descontado las primas completas de las cuentas que obligatoriamente están depositadas en sus entidades.

31 de mayo de 2013: Presentación de demanda de juicio ordinario por parte de GHK contra la banca comercial (Banesto y La Caixa) por interpretación indebida de los SWAP y contra Price-waterhouse-Coopers (PwC) por asesoramiento negligente a GHK.

10 de junio de 2013: Admitida a trámite el proceso de demanda promovido por los actuales gestores de GHK.

26 de febrero de 2014: Inicio de la vista oral contra Banesto, La Caixa y Price-waterhouse-Coopers, por interpretación indebida de los SWAP y asesoramiento negligente

14 de enero de 2015: El juez de primera instancia de la sala nº 4 de Donostia, dicta sentencia favorable a los intereses de la banca.

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