La incineración, el biocidio y la democracia

por

incinerador_4

postales contaminadas de Nápoles para P.R.

Conectando a Italia y Puerto Rico por la Basura Cero

El pasado mes de octubre tuvo lugar en Puerto Rico el Congreso Internacional de Jóvenes Basura Cero 2014. En ese congreso, el segundo autor de este escrito, Salvatore, viajó desde Europa para presentar la experiencia de gestión de los residuos sólidos en su provincia natal de Nápoles, región de Campania (Italia).1 Por un lado, Salvatore mostró las formas en que la gestión de los residuos urbanos e industriales fueron convertidos en un mecanismo más de ganancia económica por parte de una red de empresas junto a la Camorra (la famosa mafia Napolitana). Por otro lado, Salvatore habló sobre las luchas de base que las comunidades locales han desarrollado para lograr justicia, inclusión y sustentabilidad.

En este artículo, reflexionamos sobre los aprendizajes de esta historia en el debate actual sobre la incineración y la gestión de residuos sólidos en Puerto Rico. Nos parece muy relevante por varias razones, incluyendo que en repetidas ocasiones Energy Answers ha hecho referencia a la experiencia de Europa con la incineración para justificar por qué se debería aprobar su proyecto en Puerto Rico. El caso Napolitano ofrece además una interesante comparación porque la región cuenta con un tamaño y población similares a la de Puerto Rico: cerca de 4 millones de habitantes en cerca de 900 millas cuadradas en la provincia de Nápoles.2

El biocidio: la matanza de la vida en nombre del dinero

Dos meses después de la conferencia de Basura Cero en San Juan, los dos autores nos encontramos en Roma en un curso para investigadores y activistas organizado por el Centro de Documentación de Conflictos Ambientales. Como parte del curso, viajamos a Campania, para lo que los organizadores denominaron el “Tour Tóxico”. Italia y la provincia Napolitana posiblemente evocan imágenes de paraíso turístico en la mente de muchos, y de la Camorra en otros. Quizás sepan también que de allí es originario el queso mozarella y la pizza.

Nuestro recorrido3 pasó por puntos del territorio –los municipios de Acerra, Giugliano, Chiaiano–nunca visitados por el turismo, pero muy presentes en la historia y vida diaria de los napolitanos. Esta es la tierra llamada “Campania Felix” por los antiguos romanos, venerada por la fertilidad del suelo y el clima templado y que hoy es centro de la producción nacional de diversos cultivos. No obstante, hoy también se asocia a la “crisis de la basura” que ha enfrentado Nápoles en las pasadas décadas, y que ha impactado la salud y el ambiente de partes significativas de esta región; así como a los movimientos sociales que han luchado contra la contaminación y por alternativas de gestión sustentable de residuos.4

Comenzamos el recorrido con la mega-incineradora de Acerra, finalizada en 2009 a pesar de una fuerte oposición ciudadana, y con capacidad para quemar 600,000 toneladas de basura anuales. Fue el proyecto emblemático que el gobierno impuso como solución a la “crisis de basura” Napolitana. Seguimos hacia el municipio de Giugliano, en donde hicimos dos paradas. La primera fue en el depósito de los residuos urbanos almacenados más grandes de Italia, que fue creado con el propósito de ‘guardar’ basura para la incineradora de Acerra mientras se construía. La inmensa montaña de bolsas de basura no ha podido ser incinerada porque, luego de una investigación requerida por el tribunal, se demostró que contenían residuos peligrosos y reciclables no aptos para la incineración. La segunda parada fue en uno de los vertederos aprobados por el gobierno y gestionados por empresas asociadas a la Camorra, hoy en día lugar altamente contaminado debido a que distintas industrias, con la complicidad del estado, por años depositaron allí residuos tóxicos. Solo entre las provincias de Nápoles y Cacerta, hay al menos 50 de estos vertederos en donde los administradores mezclaron residuos urbanos e industriales, creando cocteles altamente tóxicos siendo Giugliano uno de los municipios más impactados. Hay que notar que además de estos vertederos oficiales pero manejados ilegalmente, por años Campania también ha sido azotada por la creación de vertederos enteramente ilegales, en donde usualmente se quema todo tipo de basura. Una investigación de la Agencia de Protección Ambiental de Campania documentó cerca de 2,500 de estos vertederos en la región.

El recorrido finalizó en Chiaiano, en un terreno gestionado por los activistas del colectivo Stop Biocidio, quienes han desarrollado un proyecto agro-ecológico que emplea a exconvictos de la comunidad. El terreno había sido propuesto para un nuevo vertedero, pero la lucha comunitaria lo impidió, y eventualmente el predio fue incautado a la Camorra. En su charla, los activistas de Stop Biocidio situaron las problemáticas de gestión de residuos en Campania en un contexto más amplio, utilizando el concepto que les da su nombre y que ellos han acuñado: “biocidio”, o “matanza de la vida”. Con biocidio se refieren al patrón por el cual los procesos de contaminación están sistemáticamente ligados a estrategias de enriquecimiento corporativo: las empresas que vierten sus desperdicios tóxicos de forma ilegal para ahorrar, las que construyen y gestionan vertederos y otras instalaciones y vierten allí todo tipo de residuos legales e ilegales, las que incineran, las que especulan con la compra-venta de terrenos agrícolas ahora transformados en industriales, entre otras.

Esta perspectiva resalta que las corporaciones suelen hacer lo que esté a su alcance –legal o ilegal– con tal de cortar costos y aumentar ganancias, ya que el ánimo de lucro es el principal motivo de su existencia. Y mientras ese lucro se concentra en una minoría, los costos (por ej. subsidios corporativos, costos de limpieza de terrenos contaminados y de daños a la salud, etc.) se pasan al resto de la sociedad, y usualmente se concentran geográficamente en las comunidades más marginadas. Lo dijo claramente el entonces director del Banco Mundial, Larry Summers, en un memorando interno de su agencia en 1993: es más económicamente ‘eficiente’ mandar los desechos tóxicos a una comunidad pobre porque el valor económico de la vida de sus residentes es menor.5 En otras palabras, ciertas comunidades, sus territorios y ecosistemas son considerados “desechables” – son “zonas de sacrificio” en el nombre del progreso.6 Es una desigualdad cargada de racismo, como vemos en el caso de Campania, a quienes muchas veces se les culpa de su situación acusándolos de ‘ignorantes’, ‘vagos’, o ‘criminales’.

El estado, por su parte, sirve de facilitador para estos negocios disfrazados de ‘progreso’, utilizando la ley y el ejército para garantizar “orden y progreso” (entiéndase, el lucro corporativo), como veremos más adelante. En contraste, cuando se trata de hacer cumplir con leyes ambientales o con la protección de la salud y la vida humana, el estado suele virar la cara, arrastrar los pies, e incluso encubrir a los violadores. Así lo hizo en Campania durante años. Ignoraba a los activistas que denunciaban el vertido ilegal de desechos tóxicos, a pesar de que tenía conocimiento de la situación desde al menos 1994; reprimía a los manifestantes en la calle; y cerraba los ojos cuando estos eran asesinados por la Camorra. En su evaluación del periodo de la “emergencia de la basura” en Campania, la una Comisión Parlamentaria que investigó el asunto concluyó: “Podemos decir con certeza que el aparato administrativo ha favorecido sustancialmente intereses ilícitos… Es evidente que el sistema, en este punto, parece haber sido reprogramado para operar como una máquina ciertamente capaz de generar ganancias, pero no en resolver los problemas, porque resolver los problemas obviamente detendría esa posibilidad de generar ganancias en el ciclo de la basura”.7 No obstante, luego de que esta y otras investigaciones policiacas comprobaran estos crímenes y la corrupción estatal que los facilitó, el estado ha arrastrado los pies en enjuiciar a los involucrados y en aprobar una ley más estricta de crímenes ambientales– manteniendo así el régimen de impunidad.

Campania, entonces, no ha sido contaminada por una serie de eventos aislados. Tampoco son culpables la ‘pobreza’, ‘ignorancia’, o ‘vagancia’ ciudadana, porque las comunidades de Campania siempre han luchado contra estos procesos de contaminación y a favor de una gestión sustentable de los residuos sólidos. Falta de voluntad o ineficiencia del gobierno tampoco han sido, porque el gobierno se ha mostrado muy eficiente y capaz a la hora de promover proyectos como la incineradora de Acerra y nuevos vertederos. Más bien, Campania es parte de un proyecto político-económico deliberado en el cual Campania, como muchas otras regiones, ha sido sacrificada en el nombre de la acumulación del capital. En ese sentido, la “crisis de la basura” es una crisis planificada, en donde el estado, favoreciendo ciertos intereses económicos, no ha querido lograr implantar una política coherente de reducción, reuso y reciclaje. Es resultado de una voluntad política atada por el interés de lucro que mueve nuestro sistema político-económico. 

No es crisis de basura, es crisis de democracia

La experiencia de Campania evidencia cómo el estado suele recurrir a medios anti-democráticos, violentos y plagados de corrupción para dar paso a mega-proyectos que supuestamente son de gran beneficio social y económico, pero que en realidad sirven para lucrar a unos pocos. Esta facilitación se hace muchas veces mediante un estado de “excepción” o de “emergencia” –donde en nombre de mantener la estabilidad y seguridad (o resolver la “crisis”)– se suspenden o modifican las leyes, supuestamente de forma temporal, para aumentar los poderes unilaterales de la rama ejecutiva; y la seguridad se convierte en el paradigma de gobierno, borrándose así las fronteras entre la emergencia  militar y otras formas de emergencia (económica, ambiental), y entre la paz y la guerra.8 Este estado de excepción no solo promueve seguridad en términos policíacos o militares, sino también de ‘estabilidad’ económica, ‘seguridad energética’, ‘seguridad alimentaria’, ‘seguridad ambiental’. En nombre de éstas ‘seguridades’ (o de resolver la “crisis”), se justifica el sacrificio del medio ambiente, de derechos humanos básicos, y de los procesos de participación democrática. Frases como ‘generación de empleos’, ‘crecimiento económico’, ‘reducción de costos energéticos’, se convierten en justificantes automáticos de las acciones del gobierno, que más que resolver los problemas, buscan mantener el estatus quo y garantizar esos proyectos tan lucrativos y controlar la posible oposición a estos. Finalmente, el miedo, el desconcierto y la desesperación que causan la crisis (económica, ambiental, energética, de basura) en la ciudadanía, facilitan estas acciones que prometen un “win-win” (todo el mundo gana), pero que más que resolver la crisis, mantienen el estatus quo.9 En ese sentido, el estado de emergencia es también uno caracterizado por el lenguaje del “desastre” (otra variante de “crisis”).10

Es por esto que la “crisis de la basura” de Campania es en realidad síntoma de una profunda crisis de democracia.11 El gobierno Italiano utilizó una declaración de un “estado de emergencia” por medio del cual centralizó la gestión de la basura de toda la provincia Napolitana en el gobernador y le asignó poderes especiales y grandes sumas de dinero para atender la crisis. Pero más que “resolver” el problema de la basura, el objetivo de la declaración de emergencia era imponer la opción de la incineradora y distribuir las obras de construcción de vertederos y centros de almacenamiento (como el que visitamos en Giugliano) en una red de clientelismo político-criminal. Los poderes especiales de la ‘emergencia’ permitieron al gobernador privatizar la gestión de todos los residuos urbanos de la región, y garantizar la posibilidad de acumular la basura en los centros de almacenamiento hasta la finalización de la incineradora, favoreciendo el objetivo de la empresa de quemar la mayor cantidad de basura posible. Más aun, se aprobaron leyes especiales para beneficio de la incineradora, como una ley nacional que identifica los residuos urbanos como “energía renovable”, lo que convirtió a los incineradores en elegibles para recibir subsidios del Estado por la venta de electricidad. Estos subsidios –110 millones de euros solo el año pasado– prácticamente mantienen la viabilidad económica de la operación de la incineradora.

Por medio de este estado de emergencia el gobierno Italiano evadió una evaluación ambiental rigurosa y excluyó a las comunidades de la participación en el diseño del plan de manejo de residuos sólidos de toda la región de Campania. Dicho plan propuso que la solución al problema de la basura era el establecimiento de 2 incineradoras (luego aumentado a tres, incluyendo la de Acerra) y 7 instalaciones para el procesamiento y almacenamiento de la basura, parte de la cual sería almacenada para usar en las incineradoras. Se suponía que en estas instalaciones se separara el material reciclable del material a ser incinerado, pero la basura solo era triturada y en muchas ocasiones (como mostró el caso del gigantesco almacén de Giugliano) mezclada con residuos industriales tóxicos.

El estado de emergencia también impidió que la ciudadanía participara en la decisión sobre la instalación de la incineradora de Acerra. Además, para evitar las protestas cada vez más intensas contra el plan y la incineradora de Acerra, el gobierno declaró los vertederos áreas de almacenamiento y el lugar de construcción de la incineradora como “áreas de interés nacional estratégico”. Mandó al ejército a protegerlas y las puso bajo su mando, marginando a los gobiernos municipales (más susceptibles a los reclamos de sus ciudadanos). Se prohibieron las protestas en los alrededores de estas áreas –so pena de cárcel– criminalizando así los intentos de las comunidades de ser incluidos en la toma de decisiones. Pero investigaciones recientes de la policía muestran que al mismo tiempo que el gobierno centraba todos sus esfuerzos en reprimir los reclamos ciudadanos de justicia social y ecológica, se repartían contratos multimillonarios a empresas asociadas a la Camorra para la construcción de los vertederos y las instalaciones de procesamiento y almacenaje, y se ignoraban o encubrían irregularidades en los trabajos contratados. El vertedero de Chiaiano es un claro ejemplo: inaugurado en 2008, solo funcionó por 3 años, porque en el 2011 un tribunal ordenó su cierre luego de detectar numerosas irregularidades en su operación, algo que los activistas habían denunciado al oponerse a la construcción del vertedero.12

Este enfoque antidemocrático y orientado a la ganancia corporativa no solo contaminó todo un territorio, sino que evitó la creación de una cadena de reducción, reutilización y reciclaje de la materia, como requiere la legislación europea y como han reclamado las organizaciones sociales de Campania.

Las súper-tecnologías como solución (para cambiar todo sin cambiar nada)

En este contexto de ‘emergencia’/‘crisis’, la tecnología –en este caso, la incineración– se convierte en el salvador de nuestros males. No importa cuán costosas, riesgosas o dañinas sean, estas tecnologías se venden como mejor opción que cambiar el sistema que generó la crisis en primer lugar.13Con la incineradora, el gobierno Italiano no solo prometía reducir la cantidad de basura, atendiendo la crisis de los vertederos, sino promover energía ‘renovable’, empleos, e inversión, contribuyendo a resolver la crisis energética y la crisis económica.

Así, las súper tecnologías ejercen una especie de “monopolio radical”14 al coartar la capacidad de autodeterminación social, base de la democracia. Y es que con tecnologías como la incineración, ya no hay necesidad de atender el problema real: la cantidad de basura producida, la ausencia de reuso y reciclaje. Por el contrario, nos volvemos totalmente dependientes de esas tecnologías (y de los intereses económicos asociados), porque para mantener a la incineradora viva, siempre hay que seguir generando grandes cantidades de basura, ad infinitum, lo cual dificulta grandemente establecer modelos alternativos de gestión de residuos.

El discurso de la tecnología es inherentemente anti-democrático en otro sentido: se usa como mecanismo de clausura de un debate. En Campania, así como en Puerto Rico, el gobierno impuso la incineración dictando que la tecnología es “segura”, y además “state of the art” (¡moderna!) Cualquier preocupación sobre riesgos inciertos, o sobre posibles fallas, o sobre investigaciones con resultados desfavorables para la tecnología son descartados como surgidos de la ignorancia, el anacronismo (anti-modernidad), o intereses particulares.

Claro, el monitoreo lo hace y reporta la propia empresa, algo que según estudios previos, tiende a subestimar las emisiones de los tóxicos más peligrosos.15 Pero eso es irrelevante, porque al mantener la discusión en el seno de los ‘expertos’ del gobierno y de las empresas, se excluyó por completo la opinión y conocimientos de la ciudadanía, así como el debate sobre los límites de la tecnología. En Campania, la comunidad no confió, apuntando a los riesgos y daños a la salud que tienen las micro-partículas y toxinas que no pueden ser filtradas, y que están vinculadas a cáncer y enfermedades respiratorias. Y eso es, asumiendo que en realidad se instalara la mejor tecnología disponible y que se le diera el mantenimiento adecuado, otro aspecto dudoso. Luego de impuesta la incineradora, la comunidad reclamó además un mecanismo independiente de  monitoreo de las emisiones, pero luego de seis años de establecida la fábrica,  aún no le ha sido permitido.

La alternativa ciudadana: “La vida no se incinera”

¿Qué respuestas puede ofrecer un movimiento ciudadano al fracaso de nuestros gobiernos corporativos de promover alternativas reales a la gestión de la basura? En Campania, el movimiento no fue exitoso en evitar la construcción de la incineradora, pero ha mostrado claramente que ese proyecto es solo una parte de una lucha más amplia. Uno de los grandes logros del movimiento ha sido promover una fuerte apreciación ciudadana del problema de gestión de residuos. Esto a su vez ha generado altas tasas de reciclaje en muchos municipios de Nápoles (cerca del 70% en Acerra, por ejemplo), contradiciendo la idea generalizada (y promovida por los intereses corporativos y estatales) de que ‘los pobres’ son ‘ignorantes’ y no pueden gestionar sus residuos adecuadamente.16 También ha promovido un cambio en la política local: el actual alcalde de Nápoles, por ejemplo, adoptó el modelo de Basura Cero de los activistas y opuso la propuesta de una nueva incineradora para su ciudad. Los activistas también han logrado que el gobierno invierta recursos en la investigación de la contaminación de Campania y la salud de sus residentes.

Pero quizás el logro más importante de este movimiento ha sido su evolución de un movimiento ambiental opuesto a la contaminación, a una amplia coalición que poco a poco va reapropiándose de su territorio y de espacios de democracia ciudadana. Este movimiento promueve a nivel municipal y regional nuevos modelos participativos para la gestión de los residuos sólidos así como de otros bienes comunes y servicios públicos. El caso del proyecto de agro-ecología de Chiaiano es uno de los ejemplos de ese proceso de recuperación comunitaria del territorio para implementar proyectos de esperanza, de vida, de sustentabilidad. Otros proyectos de huertos urbanos, mercados vecinales, limpiezas colectivas del entorno, muestran este proceso de construcción de vínculos ciudadanos y ecológicos desde la resistencia. Por otro lado, desde la resistencia al biocidio, este movimiento logró desarrollar una crítica más abarcadora, que apunta a la raíz de los problemas de contaminación y de basura (el modelo de producción). Se promueve así un repensar de las formas de desarrollo local y la conexión entre estructuras político-económicas y el bienestar de la comunidad. Se juntaron así grupos de distintas clases sociales, profesiones, ideologías y procedencias –ecologistas, agricultores, cooperativistas, curas, médicos, estudiantes, desempleados, entre otros– que de otra manera no hablarían el mismo lenguaje, pero que ahora pueden identificar al enemigo común que atenta contra sus vidas y su bienestar. Es una transición de un movimiento defensivo a un movimiento propositivo, enfocado ya no en la contaminación sino en el derecho a una mejor calidad de vida, que incluye el medio ambiente pero también otros aspectos como la provisión de servicios públicos, los lazos comunitarios, la autonomía sobre la gestión del territorio, y la producción y disponibilidad de alimentos saludables.

A modo de conclusión: Paralelos y aprendizajes para Puerto Rico  

Algunos pensarán que el caso de Campania es un extremo que no nos aplica; no obstante, vemos muchos paralelos para pensar en la situación que se vive en Puerto Rico. En primer lugar, Arecibo es un ejemplo clásico de ese tipo de comunidad desechable de la que hablábamos: un área que no cumple con los estándares de calidad de aire de la EPA respecto a plomo; contaminada con el plomo que ilegalmente depositó la empresa Battery Recycling; con las descargas de lixiviados del vertedero municipal, multado recientemente por sus emisiones de metano; con las emisiones de la central eléctrica de Cambalache; dos predios contaminados de antiguas industrias bajo el programa Súper Fondo de la EPA; y varias industrias farmacéuticas y electrónicas.17 Lo mismo podríamos decir de Peñuelas, el lugar escogido por la JCA para depositar las cenizas tóxicas de la incineradora. No importó que es uno de los seis municipios con mayor concentración de contaminantes tóxicos en Puerto Rico, legado de las petroquímicas que impulsaron el crecimiento económico del país en los años 70, y de la continua presencia de industrias contaminantes en la región, como la planta de carbón de AES, y una fábrica de quemar gomas. Tampoco importó que la comunidad (e incluso el alcalde), que por años ha estado sufriendo las consecuencias de esa contaminación, rechaza fuertemente recibir dichas cenizas. Ambas comunidades fueron sacrificadas en el nombre del ‘progreso’ de nuestro país (recordemos: bajo un régimen de ocupación militar y de represión de movimientos sociales). Hoy, con la propuesta incineradora, esa historia de injusticia ambiental y social se repite y se magnifica.

Esta injusticia, así como la “crisis de la basura” que vivimos, no han sido resultado ‘inevitable’ de fuerzas mágicas del mercado o del progreso. Por años nuestro gobierno ha arrastrado los pies con el cumplimiento ambiental de los vertederos (así como de todas las industrias del país). Casi todos han incumplido por años con los más básicos parámetros legales y reglamentarios ambientales.18 No es descabellado pensar que algo similar al caso Campania esté ocurriendo con los desperdicios sólidos peligrosos en Puerto Rico. Después de todo, el año pasado la empresa AT&T fue multada con $52 millones por precisamente ese tipo de práctica ilegal con sus productos electrónicos en el estado de California. Si resultase que los vertederos de nuestra isla contienen desperdicios sólidos peligrosos, la incineración podría resultar más letal aún de lo que se ha documentado. La experiencia dicta que no podemos confiar ni de las empresas que administran los vertederos, ni del estado que las regula. ¿Cómo podemos confiar en ambos para que se cumplan con los estándares ambientales en la operación de la mega-incineradora?

Del mismo modo, el estado en Puerto Rico ha incumplido por más de 20 años con su propia política pública sobre desperdicios sólidos, que estableció la reducción, reuso y reciclaje como estrategias centrales. Los recursos que ha dedicado a promover el reciclaje han sido ínfimos, comparado con los gastos que se hacen en mantener los vertederos. Menos aún se ha invertido en la reducción y reuso de materiales. Mientras, los gestores de los vertederos y del recogido de la basura se han convertido en un poderoso grupo económico que se beneficia de mantener el estatus quo de no reciclaje. Esto se refleja con mayor evidencia a nivel municipal. Casos recientes de corrupción como los de Barceloneta, y el de Vega Baja, en donde estuvieron involucrados empresarios de operación de vertederos, nos dan una idea de la situación. Todo esto ha servido para promover el enterramiento de la basura como el principal mecanismo de gestión de residuos, a la vez que ha ido abriendo poco a poco la puerta para la incineración: a medida que se agrava la crisis, se nos trata de imponer las soluciones más fáciles (las súper-tecnologías) y lucrativas. La oposición para sus proponentes es intolerable porque es ignorante, anti-progreso: por eso uno de los asesores de Energy Answers decía “emociones” y no “ciencia”. Es interesante, no obstante, que todos los que hablan públicamente a favor de la incineración están pagados por la empresa: son mercaderes de la ciencia y la tecnología para el lucro privado, no para el beneficio común. La ciencia verdaderamente beneficiosa, como nos recuerda Casa Pueblo, es la que va de la mano con la cultura y la comunidad.

Por otro lado, en la promoción de la incineración como tecnología salvadora, el discurso y las prácticas del “estado de emergencia” ha sido central. No podemos olvidar que al igual que el gasoducto, la incineradora de Arecibo bajo la infame “Ley de emergencia energética” que aún sigue vigente, justificó la aprobación expedita de la Declaración de Impacto Ambiental del vertedero, con información y análisis incompletos y sin tiempo de escrutinio serio por parte de la ciudadanía y las agencias reguladoras. Del mismo modo, la “emergencia” en los vertederos fue utilizado por ADS durante la pasada administración para firmar una orden ejecutiva que obligaba a los municipios adyacentes a la incineradora a enviarle su basura; y por la JCA para declarar el cierre de tres cuartas partes de los vertederos del país. Ambas acciones garantizaban el flujo continuo de basura que necesita la incineradora para ser lucrativa. Hoy, los bonistas de la AEE combinan la emergencia energética y la emergencia económica –en especial la crisis de la Autoridad– en una nueva justificación para imponer la incineradora como ‘necesaria’ para atender estas emergencias.

En el miedo, el desconcierto y la desesperación que causan la crisis (económica, ambiental, energética, de basura) en la ciudadanía, se esconden los vínculos entre los intereses económicos y políticos: desde el exgobernador Fortuño, que en los 90 fue asesor legal de la mega-incineradora entonces propuesta; hasta la expresidenta de la JCA, Laura Vélez, cuyo esposo trabaja en el mismo bufete que representa a Energy Answers.

Energy Answers y la JCA han intentado vendernos la idea de que el proceso de aprobación local de la mega-incineradora ha sido uno muy democrático, alardeando de la gran cantidad de vistas públicas celebradas. Pero eso es irrelevante cuando se ubican en el contexto que hemos descrito: un “estado de emergencia” marcado por la corrupción, la injusticia, la falta de espacios de participación real, y la falta deopciones deliberadas en procesos democráticos.

En conclusión, el caso de Campania también nos alerta sobre la lucha más grande de la que la incineradora de Arecibo es parte, y sobre los grandes retos que conlleva. Esto no es solo una lucha ambiental, tampoco de justicia a una comunidad particular (aunque ambos aspectos son importantes). La lucha contra la incineración es necesariamente una para transformar nuestro modelo político-económico, en donde el lucro prevalece por encima de la vida. Se requiere, en otras palabras, una crítica estructural, que vaya más allá del discurso economicista sobre el beneficio económico del reciclaje o sobre nuestra ‘responsabilidad’ individual(ista) de reciclar. Se requiere además continuar fortaleciendo las alternativas ciudadanas que recuperan el territorio teniendo como ejes centrales la democracia y la ecología, bienes comunes esenciales de nuestra sociedad.

*Salvatore es un activista e investigador italiano en el campo de la ecología política y los bienes comunes. Actualmente es candidato doctoral en el departamento de Geografía Humana de la Universidad de Lund en Suecia, y “Fellow” de la Red Europea de Ecología Política (ENTITLE). Su investigación doctoral  se centra en los conflictos y movimientos sociales en torno a la gestión de los residuos sólidos y la contaminación en la región de Campania. Desde hace cinco años es miembro de la junta editorial de la revista independiente Napoli Monitor

http://www.80grados.net/la-incineracion-el-biocidio-y-la-democracia/

Anuncios
Esta entrada fue publicada en NOTICIAS.. Guarda el enlace permanente.

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s